La iniciativa de ley que pretende reformar diversos código y legislaciones en materia laboral presenta ciertos argumentos y antecedentes mediante los cuales plantea la necesidad de reformar diferentes leyes en torno a la figura de la subcontratación de personal, pues esta tiene como objetivo solucionar todos los efectos negativos que se han cometido bajo este esquema y sin generar daño a las empresas, no obstante, no se están tomando en cuenta muchos escenarios y situaciones de la vida laboral cotidiana que harían muy complicada la prestación de servicios profesionales para un gran número de negocios, empresas y trabajadores.
Se entiende que la intención de la iniciativa es proteger a los trabajadores más vulnerables, que constantemente sus derechos se encuentran violentados, sin embargo en el área laboral existe un enorme espectro de trabajos y trabajadores. Esto no significa que no se deban crear políticas para proteger los derechos de los más afectados, sino que es pertinente la creación de políticas que se adapten a la medida de cada situación. No se puede llegar con algo tan disruptivo sin primero haber analizado ni medido los efectos y las consecuencias que puede llegar a tener.
Una considerable cantidad de PYMES trabajan por medio de la subcontratación y por lo general estos pequeños y medianos negocios, son los menos probables en incurrir en malas prácticas. En la iniciativa en cuestión se establece que existirán multas para cualquier empresa que incurra en cualquier tipo de violación a las nuevas disposiciones, según un artículo de Forbes estas se estima que irán desde los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344 mil pesos, ¿qué significaría esto para una PYME? Sería una afectación enorme a su capital y al negocio en general.
Esta clase de iniciativas y reformas originalmente presentan políticas con la intención de proteger a los más vulnerables de los más poderosos, empero, constantemente nos encontramos con el mismo problema y que los que terminan viéndose realmente afectados por tales decisiones son los integrantes de la clase media. En un país con altos índices de corrupción, es más que evidente que las grandes empresas y el gobierno llevan por debajo del agua sus negocios, transacciones y acuerdos que les permiten a ambos sacar provecho y hacer lo más conveniente para cada uno, atacando a la clase media y a la clase trabajadora del país. Por lo que estas iniciativas hechas para “combatir” las injusticias sociales son más que nada cortinas de humo y narrativas simbólicas cuestionables.
Por: Fernanda Islas
