Este martes el Senado de la República aprobó, en lo general, la propuesta de implementar la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual consta de un registro con el número de serie de la tarjeta SIM, así como los datos personales de los usuarios.
Mario Delgado, dirigente de Morena, fue quien presentó esta propuesta, con la supuesta intención de frenar los delitos de extorsión y secuestro.
Este proyecto involucra una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que sea posible generar dicho Padrón.
La base de datos incluirá información como número móvil, fecha de la activación, nombre del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, CURP y los datos biométricos de las personas, tanto físicas como morales, que sean titulares de alguna línea telefónica y cuenten con un número del Plan Técnico Fundamental de Numeración.
El Senado plantea que el objetivo principal de este Plan Técnico Fundamental de Numeración es colaborar con las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia para resolver y frenar la comisión de actos ilícitos y que toda la información contenida dentro de la base de datos es confidencial.
La nueva disposición impondrá multas que van de 20 a 15 mil unidades de medida y actualización a cualquiera que incurra en infracciones como alterar, omitir o simular registros, registrar datos falsos, acceder al Padrón sin autorización y cuando las concesiones de telecomunicación efectúen extemporáneamente un registro, no se registe o utilicen indebidamente los datos del usuario.
La operación y regulación del Padrón quedará en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La cuestión es, ¿qué tanto va a servir para combatir los delitos y propiciar la seguridad? Pues, el tener datos personales y biométricos de los usuarios es un atentado directo a la privacidad y a la misma seguridad del cliente.
Además, muchos de los delitos de extorsión, los cuales pretenden aminorar con esta propuesta, se realizan desde teléfonos celulares robados, ¿por qué no mejor crear un proyecto o iniciativa que evite el delito desde la raíz?
Al tener una base de datos con tanta información personal de muchas personas, se compromete la seguridad de los usuarios registrados en el Padrón y quedan expuestos a problemas como ataques cibernéticos, violaciones a su privacidad o hasta podrían caer en manos equivocadas esos datos, como sucedió en el 2012 durante la presidencia de Felipe Calderón y el Registro creado por el llamado Renault, el cual fue vendido en el mercado negro.
Por otro lado, es una tontería que las autoridades pretenden culpar a la persona dueña del teléfono móvil por los actos realizados desde su línea telefónica, pues existe la posibilidad de que esa misma línea sea robada o suplantada, si es el caso la persona tendrá que acreditar que no fue responsable por los hechos cometidos.
Asimismo, no existe evidencia alguna que demuestre que la creación de una base de datos biométricos y personales como el Padrón haya reducido el crimen.
México, al implementar el Padrón se convierte en un miembro más de la lista de los países más autoritarios del mundo, pues solamente 17 Estados ejecutan mecanismos como este, entre ellos se encuentran Arabia Saudita, Venezuela y Afganistán. Es por esto, que los entes internacionales han establecido que el vincular los datos de una persona con una tarjeta SIM vulnera la privacidad y le quita su derecho a comunicarse libre y anónimamente.
El Ejecutivo Federal se está empeñando en crear e implementar proyectos y mecanismos que poco a poco van reformando la legislación mexicana para acomodarla de una forma que en menos de lo esperado, todo el control recaiga en sus manos.
Es evidente, pues al hacer un recuento de las últimas iniciativas y reformas planteadas por el presidente y los simpatizantes de Morena, es sencillo identificar la inconstitucionalidad de los proyectos que presentan. Muchos de ellos violan la mismísima Constitución, otros van en contra de los tratados internacionales de los que México es parte, y algunos pretenden reformar diversas disposiciones de tal forma que se les permita centralizar el poder.
