Las consultas populares, además de ser un derecho constitucional instaurado en el año 2012, fungen como un instrumento que permite ejercer la democracia y la ciudadanía de la población. Mediante este método de participación, los ciudadanos tienen la oportunidad de emitir un voto libre y secreto para ser parte de las decisiones de los poderes públicos acerca de temas trascendentales, tanto a nivel nacional como regional. Asimismo, todos los ciudadanos que se encuentren inscritos en la Lista Nominal de Electores, por lo menos el dos por ciento de estos, al igual que los ayuntamientos y los poderes Ejecutivo y Legislativo podrán solicitar la ya mencionada, Consulta Popular. 
 
Para que una Consulta Popular pueda ser realizada es necesario que se presente una solicitud ante las Cámaras del Congreso, según corresponda. La Ley Federal de Consulta Popular, es la ley reglamentaria en la materia, encargada de establecer todas las bases y lineamientos para llevar a cabo los procedimientos que permitan hacer dichas consultas de la manera más óptima y acorde a derecho. Cabe mencionar que, la petición de una Consulta Popular debe ser aprobada por la mayoría de las Cámaras del Congreso. 
 
Por tema trascendental se entiende, para una consulta a nivel nacional, todo aquel que repercuta en la mayor parte del territorio nacional y que tenga impacto en la mayoría de la población. Por otro lado, para la regional, debe afectar en uno o más estados, así como también, causar un impacto significativo en los habitantes de esa región. 
 
Ningún acto que restrinja o suprima los derechos humanos consagrados en la Constitución podrá ser puesto a consulta, como tampoco asuntos relacionados con la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, ni nada que tenga que ver con la organización de las Fuerzas Armadas. 
 
El primero de agosto de este año tendrá lugar la primera Consulta Popular a nivel federal en México a cargo del Instituto Nacional Electoral. 
 
El presidente de la República convocó ciertas consultas públicas que trataban asuntos relacionados con la cancelación del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y la creación de nuevos programas de la administración electa, sin embargo, estas no fueron realizadas por el INE y la participación fue mínima. 
 
Andres Manuel presentó la propuesta de consulta en septiembre del año pasado, con la intención de enjuiciar a algunos expresidentes de la nación, lo cual parecía ser inconstitucional pues iba en contra del principio de presunción de inocencia, no obstante, el tema de la misma se encontró constitucional pero la pregunta tenía que ser reformulada, la cual quedó así: 
 
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
 
¿Qué significa esto? ¿Qué implica el hecho de que los ciudadanos tengan en sus manos el poder de decidir acerca del enjuiciamiento de ciertos políticos? 
A primera vista no parece una mala idea, puesto que, somos nosotros ciudadanos quienes sufrimos las consecuencias de las malas administraciones, no obstante ¿este tema es el más importante dentro de la agenda y los problemas actuales de los mexicanos?
Enjuiciar a ex presidentes actualmente es posible, la FGR tiene activa una investigación por presunta asociación delictiva en contra de el ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, de igual manera la UIF se encuentra indagando sobre las cuentas de varios ex presidentes. (peña, calderon, Gortari). Entonces si ya se está siguiendo un proceso para realizar dicho enjuiciamiento ¿cuál es el objetivo de la consulta? ¿Por qué gastar 528 MDP en esta simple pregunta? Si ya existen mecanismos jurídicos para imputar y juzgar a los ex presidentes, no está de más recordar que el artículo 108 constitucional, en su segundo párrafo, establece que el presidente de la república puede ser enjuiciado durante el periodo de su mandato.
Por lo que el hecho de toda esta consulta resulta absurdo e innecesaria, pareciese sólo un capricho de nuestro señor presidente y se encuentra muy alejada de las verdaderas necesidades del pueblo mexicano. 
Creo y no me dejarán mentir, que México hoy en día tiene problemas mucho más trascendentales, que necesitan de soluciones urgentes y sin embargo, no se les da ni la atención ni los recursos necesarios para sobrellevarlos. Ojo, no estoy diciendo que el combate a los actos corruptos no sea importante, mi punto aquí va dirigido hacia el objeto de la consulta como tal, y lo abrupto e incoherente que es el llevarla a cabo. 
Primero, por como ya lo mencioné, son 528 MDP que se gastarán con el único propósito de hacer la consulta. Es una cantidad exorbitante de dinero, que, sin duda, podría invertirse en cualquier otro sector que sea mucho más conveniente y urgente, como por ejemplo, la campaña de vacunación. 
Otro caso en el que podría servir estos millones de pesos, sería en el sector educativo. Invertir esa cantidad para optimizar las aulas, comprar todo el material necesario para un regreso seguro y consciente a clases, puesto que las clases en línea están rezagando la educación, o si no, gastarlo en computadoras y dispositivos móviles que ayuden a los alumnos a estar al día en sus clases. 
No hace falta que dé más ejemplos sobre en que podrían ser mejor utilizados esos 528 millones de pesos, es fácil estar consciente de que gastarlos en esa consulta es un tiradero de dinero y hasta una burla para los mexicanos y los problemas que nos acogen.