Hay un problema que lleva sucediendo desde hace un tiempo y que no recibe la visualización ni las soluciones necesarias. Hay niños en prisión. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Acaso un niño es un recluso? ¿Ha cometido algún delito? No. Son simples niños, que, no son culpables de nada, más que de haber nacido en una situación complicada. Estos son los que han recibido el nombre de niños “invisibles” pues viven entre los pasillos y las sombras de los reclusorios a lo largo del país. Esto se da gracias a que, algunas de las reclusas deciden mantener la custodia de sus hijos y se les permite que ellos vivan bajo su tutela hasta que el menor alcance los 3 años de edad.
Según un estudio realizado por el INEGI se estima que a lo largo de las diferentes entidades federativas de la república mexicana hay un aproximado de 520 niños viviendo dentro de los reclusorios junto con sus madres.
La iniciativa “Observatorio de Prisiones” se tomó la tarea de investigar y documentar la situación de estos menores, tras un estudio, e igualmente con base en datos del INEGI, resultó que Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Guerrero están catalogados como los estados con el mayor número de infantes viviendo en prisión.
Con la reforma del 2016 y la inauguración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se reformó La Ley Nacional de Ejecución Penal, estableciendo los derechos de las mujeres reclusas, así como también los derechos de los niños viviendo en reclusión. Esta reforma, estatuye los derechos de maternidad y lactancia para las mujeres dentro de los centros de reinserción social.
Ahora, en el caso de Nuevo León, se trata de alrededor de 50 menores viviendo en esta situación. Anteriormente a la clausura del Penal del Topo Chico, se trataba de un penal mixto, donde las mujeres y sus hijos vivían en circunstancias precarias. Las instalaciones no eran las adecuadas para asegurar el desarrollo íntegro de un menor.
Tanto la atención médica, como el alimento, los espacios de esparcimiento, la educación otorgada, todo era deficiente. Además, los niños se veían obligados a estar involucrados en sucesos que ningún menor debería presenciar, como el motín del 2016, durante el cual al menos una docena de niños estuvo presente.
Con la apertura del nuevo Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, las mujeres ya tienen un espacio exclusivo para ellas, ya que no se trata de un reclusorio mixto, empero, esto no significa que todas las condiciones sean las adecuadas y se esté cumpliendo con lo dispuesto en la ley para defender los derechos humanos de los menores y sus madres.
Existen muy pocos datos actuales, de hecho no hay un número exacto de cuántos menores se trasladaron a este centro recién abierto. Se supone que, con la apertura de este, las autoridades se abocaron en crear los espacios necesarios para las futuras madres y para las que ya lo son dentro del penal. Sin embargo, aún no hay nada que constate de forma contundente si las necesidades y derechos de estos menores están siendo cubiertas y cumplidos.
Hay organizaciones como Reinserta, quienes se encargan de observar la situación de estos niños “invisibles” y así mismo, crear y desarrollar proyectos que mejoren su calidad de vida dentro de los penales. No obstante, es tarea y obligación de los gobiernos estatales proveer lo necesario para perseguir el principio del interés superior de la niñez, pues aún falta mucho para que todos los centros penitenciarios cuenten con el estándar preciso que permita el crecimiento integral de los más pequeños.
